La asociación Madrid Aloja presenta centenares de alegaciones contra la ley que pretende prohibir los pisos turísticos en la capital. «Queremos pararlo. No somos especuladores», afirman.

Como muchos otros españoles que sufrieron la crisis de 2008, Enrique Muñoz vio la posibilidad de salir de una «situación angustiosa». Tenía un estudio de interiorismo y arquitectura, pero era imposible de sostener. Había una solución: irse a casa de sus familiares y poner su piso en alquiler. «Existe una plataforma que se llama Airbnb», escuchó entonces. Por aquel tiempo, ni Enrique ni ninguno de los más de 9.000 madrileños que a día de hoy alquilan un piso o una habitación en Madrid por esta «app» podían imaginarse que iban a ser objeto de persecución. Tanto por el Ayuntamiento de la capital como por el propio Ejecutivo central.

El pasado viernes, Madrid Aloja, asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad y que reúne a 300 vecinos, ha presentado sus alegaciones contra el plan «anti-Airbnb» del Gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena. Un texto que podría dejar en la ilegalidad al 95% de los propietarios que se anuncian a través no sólo de Airbnb, sino de otras empresas similares como HomeAway o Windu. Son cientos de alegaciones, en las que sostienen que las medidas municipales «no tienen ninguna base ni estudio científico que las respalde». Y no sólo de los dueños de los pisos. «Somos vecinos, comerciantes.... Vamos punto por punto. El plan está lleno de disparates de principio a fin. Nos hemos movilizado para intenar pararlo», afirma Muñoz, miembro de esta asociación.

El texto del Ayuntamiento apunta sobre todo al distrito Centro, donde se concentran la mayoría de las 17.613 viviendas turísticas que oferta AirBnb en Madrid, con el objetivo de erradicarlas.

Para poder seguir operando, estos pisos deberán cumplir los mismos requisitos que hoteles y hostales, el principal de ellos contar con un acceso independiente desde la calle. Pone además un límite: un máximo de 90 días de alquiler al año. De superarlo, los propietarios deberán solicitar una licencia de uso terciario, de hospedaje, pues se consideraría una actividad comercial. ¿Los motivos del Consistorio? Básicamente, las quejas de vecinos, que consideran que esta práctica fomenta un «turismo de borrachera»; la sobresaturación de esta oferta, que está suponiendo un aumento del precio de los alquileres «tradicionales»; y la sospecha de que, detrás de esta «app» de economía colaborativa se esconden especuladores inmobiliarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez también ha tomado partido. Ante la falta de una legislación única –cada región cuenta con su norma–, el pasado martes se reunió el primer grupo de trabajo con las comunidades autónomas. La Secretaría de Estado de Turismo confirmó que el Ejecutivo prevé la modificación de la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal. Ya se ha adelantado un posible cambio: bastará una mayoría simple, de tres quintos, para que una comunidad de vecinos pueda vetar uno de estos pisos. Además, el Gobierno quiere implantar una «definición única» de vivienda de uso turístico para todo el territorio nacional, acotar lo que es el alquiler de temporada y crear un registro único de este tipo de pisos para que las comunidades autónomas «controlen y verifiquen que estas casas cumplen los requisitos legales exigidos».

«Nos ponen etiquetas y te tratan de ilegal. No somos especuladores. En Madrid Aloja somos ciudadanos que alquilamos nuestras casas. Muchas de ellos descubrieron el alquiler de corta duración tras vivir situaciones delicadas», dice Muñoz. Un ejemplo son las cifras del proveedor de datos AirDNA. Según sus estimaciones, la plataforma Airbnb cuenta con 9.179 usuarios activos en Madrid. De estos, el 74% (6.826) pone en alquiler un sólo alojamiento, mientras que sólo el 23% (2.353) cuenta con más de uno.

Muchos son los «mitos» asociados a estos usuarios. Para empezar, la propia expresión de «viviendas de uso turístico». «Eso es muy relativo. La mitad de gente que recibimos pueden ser turistas; la otra, personas que vienen a Madrid a hacerse pruebas médicas, a examinarse para una oposición, a visitar un familiar, o gente cuya casa está en plena reforma y necesitan hospedarse en algún sitio», explica Muñoz. Así, muchos de los que requieren pisos solicitan zonas a priori poco turísticas como Móstoles o Leganés. Otra «leyenda negra» está en el dinero negro. Las personas que viven de alquilar sus pisos se dan de alta de autónomos, «viviendo de ello honradamente». En el resto, «los pagos de las plataformas de alquiler se realizan a través de un banco. Nadie se escapa. Está totalmente fiscalizado».

¿Casos de huéspedes que no se han comportado cívicamente? «Todos los días los propietarios reciben a centenares de visitantes y las denuncias son prácticamente insignificantes. La mayoría es gente que pasa inadvertida, son los primeros que tienen mucho cuidado de no molestar y que vienen a disfrutar la parte cultural de la ciudad. Madrid no tiene un problema de turismo de borrachera. Se está creando una polémica artificial». No en vano, el número de turistas que llegan a Madrid no deja de crecer. En los últimos doce meses ascendió a 9,4 millones, según el INE. Un 2,2% más que el año anterior. «Precisamente, si la gente se va entusiasmada de Madrid, es porque les estamos abriendo las puertas», dice Muñoz.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya dio un severo revés a los planes de Carmena al recurrir judicialmente sus nuevas normas urbanísticas relativas al hospedaje por entender que son contrarias a la competencia. Sin embargo, el Consistorio parece seguir adelante. En opinión de Muñoz, el Ayuntamiento, y especialmente el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, está utilizando «la guerra psicológica y el miedo. Quieren crear una sensación de miedo, de prohibicionismo, para que nadie ponga su casa en alquiler».

Fuente: La Razón

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