La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Distrito Centro de Madrid ha criticado esta semana la aprobación por parte del Ayuntamiento de la capital de su plan especial para la regulación de los alojamientos turísticos. Según denuncian en un comunicado, a diferencia del anuncio del Gobierno de Manuela Carmena de que esta iniciativa «terminará con el 95%» de este tipo de viviendas, «estamos ante un intento de legalización masiva, una suerte de amnistía, de una actividad que a todos los efectos no es legal».

«A día de hoy las viviendas de uso turístico, tal y como reconoce el propio Ayuntamiento en sus procedimientos administrativos y avalan la jurisprudencia de numerosas sentencias o el propio Defensor del Pueblo, son urbanísticamente hablando un uso terciario del tipo hospedaje debido a su carácter intrínsecamente diferente del uso residencial. Por ello, al tratarse de actividades lucrativas, para su explotación comercial requieren de una licencia de actividad previa, como sucede con cualquier otro tipo de negocios», señalan en la organización.

Además, apuntan que las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en el caso del Distrito Centro «establecen que para que una vivienda pueda pasar de uso residencial a uso hospedaje, requiere contar con un acceso independiente desde la calle, para poder cambiar de uso». En este sentido, advierten de que «ya que la mayoría de los inmuebles de Centro no cuentan con más de un acceso desde la calle, la práctica totalidad de las viviendas de este distrito no podrían adquirir la calificación de hospedaje y, por tanto, llegar a actuar como viviendas de uso turístico».

«La limitación de la vivienda para adquirir calificación de uso hospedaje en función de su acceso independiente ya existe, así que no le vendan humo a los ciudadanos», agrega un portavoz de la coordinadora. «Esto es así a día de hoy, y lleva siendo así desde que Carmena llego a nuestro Ayuntamiento hace tres años sin que haya hecho absolutamente nada para parar este fenómeno tan agresivo con los residentes y que se ha desarrollado al margen de la legalidad vigente, por la absoluta inacción del concejal [de Desarrollo Urbano Sostenible], José Manuel Calvo», concluye.

Fuente: El Mundo

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