Por primera vez, la Comunidad de Madrid ha abierto expedientes sancionadores a medio centenar de apartamentos y viviendas turísticas de Madrid por incumplir la nueva ley que regula el sector: el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 180, de 31 de julio) y que deben cumplir todos apartamentos y todas las viviendas turísticas de Madrid que se anuncien como tal en plataformas como Airbnb, Wimdu, FlipKey, Homeaway, etc.
Carlos Chaguaceda, el Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, lo explica en una entrevista concedida a la Agencia EFE en la que avanza la apertura de los primeros expedientes sancionadores a raíz de la nueva ley: el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 180, de 31 de julio).
Chaguaceda recuerda a los propietarios de los apartamentos y viviendas de uso turístico que deben cumplir las normas fijadas por la Comunidad de Madrid, que entraron en vigor en agosto de 2014 tras más de un año de polémica y presión de hoteleros y hosteleros ante lo que estos denominaban "hostales clandestinos".
La nueva ley introduce requisitos para los apartamentos y viviendas turísticas de Madrid como una estancia mínima de cinco noches que fue recurrida y ganada por la asociación Madrid Aloja. Además, entre otras cosas, obliga a los propietarios a legalizar las viviendas de uso turístico en un registro de empresas turísticas y mostrar una placa identificativa en lugar visible.
La ley responde a las presiones que realizaron diferentes asociaciones hoteleras de Madrid, que se quejaban de que más de 8.000 de las 70.000 plazas del gremio de hospedaje de la Comunidad eran ilegales y pertenecían a pisos que, a modo de apartahoteles u hostales, se mantenían en la economía sumergida como gran reclamo de turistas extranjeros.
Chaguaceda reconoce que el panorama se ha complicado con la irrupción en el sector de actores como Airbnb, la plataforma de economía colaborativa que conecta por internet a usuarios con anfitriones que ofrecen alojamiento en sus domicilios, una empresa que ya ha encontrado reticencias a su actividad en las administraciones de Cataluña.
Sobre plataformas como Airbnb, el Director General de Turismo apunta que esta cuestión es un tema "tremendamente complicado" porque implica a muchas administraciones y se eleva a nivel europeo e incluso más allá: "Es un debate transnacional", explica, en la medida en que una empresa radicada en San Francisco -en alusión a Airbnb- es capaz de promocionar y ofertar un apartamento en Lavapiés a un señor que vive de Düsseldorf (Alemania).
"¿Eso como se regula? No sé si es en San Francisco, en Düsseldorf, es Madrid, si somos los tres a la vez... Hay que regularlo, la selva, el todo vale, no es una buena decisión"
El responsable de Turismo aboga, primero, por "armonizar" esta cuestión entre las comunidades. De hecho, explica, la secretaria de Estado de Turismo ha abierto unas mesas de trabajo con las autonomías para intentar armonizar la regulación, unos trabajos ahora "un tanto en suspenso" hasta la constitución del Gobierno. Después, añade, habría que encontrar una "manera europea" de afrontar esta cuestión en la que "todas las partes en un conflicto siempre tienen una parte de razón, o algún argumento que funciona a su favor, y otras que no".
Para Chaguaceda, sin duda el centro de la cuestión es ver si las plataformas tienen alguna responsabilidad sobre aquello que anuncian. Eso servirá para ordenar el turismo más allá de momentos puntuales como el actual en que todos los sectores crecen eliminando "ventajas competitivas" -las primeras quejas sobre los apartamentos llegaron en plena crisis de visitantes- y regular con orden un sector que genera empleo, riqueza y es una fuente de tributación necesaria para la sociedad.
Desde Cristina Beltrán Arquitectos, queremos recordar a los propietarios de viviendas de alquiler turístico que según la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, "La oferta, prestación de servicios y la realización de actividades, sin haber presentado la declaración responsable, exigida por la normativa turística" es una infracción "muy grave". Lo que implica que el propietario de la vivienda podrá enfrentarse a multas por importes desde 30.001 hasta 300.000 euros.
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